La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por presunto prevaricato por acción, al declarar desierta la licitación para la expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, por un valor de 559.000 millones de pesos.

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En un primer momento, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos. 

En consecuencia, se programó la audiencia de adjudicación pública; sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán suscribió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente.

La unión temporal interpuso un recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente y Leyva Durán mantuvo la decisión impugnada.

Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio.

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Estas actuaciones, para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país. Asimismo, pese a la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller no lo hizo y ratificó su actuación.